Paraguay cuenta con un marco legal para el cannabis medicinal desde 2017, pero ocho años después, la implementación sigue atrapada en contradicciones. Un documento oficial de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), fechado en abril de 2025 y firmado por el Dr. Hernán Rodríguez, director interino del PROINCUMEC, revela un escenario absurdo: existen 12 empresas con licencias activas para trabajar con cannabis psicoactivo (THC ≥ 0,5%), pero ninguna está cultivando. Así lo señala textualmente el informe:

“Ningún licenciatario se encuentra realizando cultivo de cannabis psicoactivo –contenido de THC igual o mayor a 0,5% en peso seco de sumidades floridas con o sin fruto” (Memorándum DINAVISA DP N.º 16/2025, p. 3,  acceso a la información pública N° 91430,).

En paralelo, no hay variedades genéticas aprobadas para cultivo psicoactivo, no se produce en laboratorios públicos como exige la Ley 6007, y ningún producto con THC vegetal figura entre los medicamentos registrados. Tampoco se ha realizado un solo ensayo clínico con derivados de cannabis en Paraguay, a pesar de que DINAVISA condiciona cualquier reconocimiento del THC como principio activo a la existencia de estudios científicos locales. La paradoja es total: el Estado exige evidencia, pero no permite generarla. El resultado es una industria que opera en papeles, no en el campo. Una promesa que no cruza la puerta del ministerio.

Como ocurrió con el cáñamo, donde la producción y exportación fueron testimoniales, el sistema de cannabis medicinal se encuentra estancado. Y al igual que con el cáñamo industrial, se ha apostado por un modelo rígido, controlado desde arriba, que ni desarrolla mercado ni garantiza acceso. En ambos casos, las políticas públicas terminaron sirviendo más para maquillar intenciones que para transformar realidades.

El modelo farmacéutico no produjo nada: ni plantas ni medicina

El listado oficial de DINAVISA confirma la existencia de 12 empresas con licencias vigentes hasta 2030, muchas de ellas encabezadas por empresarios reconocidos en sectores como laboratorios, distribución médica y agronegocios. Pero ni con capital, ni con respaldo, ni con permisos, se logró que una sola empresa concrete el ciclo completo: cultivar, producir y distribuir.

Desde la sanción de la Ley 6007 en 2017 hasta hoy, no se ha desarrollado ni un solo producto de cannabis medicinal de grado farmacéutico en Paraguay. Ninguna firma ha registrado una fórmula terapéutica propia con THC vegetal extraído en el país. Tampoco se han registrado protocolos de producción ni ventas bajo receta en farmacias. Lo que existe en el sistema sanitario son productos farmacológicos importados, de síntesis química, que no representan el perfil de uso terapéutico que los pacientes necesitan.

El modelo farmacéutico exigido por el Decreto 9303/18 ha resultado ser un corsé. Imposibilita la participación de cooperativas, de asociaciones de pacientes, de universidades o de pequeños productores que podrían desarrollar preparados estandarizados. Impone estándares que ni las empresas habilitadas han cumplido. Y a pesar de su exigencia, el Estado no fiscaliza cumplimiento ni impone consecuencias. Se otorgan licencias, pero no se exige producción. Se regula al detalle, pero no se implementa lo esencial.
 
Licencias sin control, cultivos invisibles y datos que no cuadran

El contraste entre lo que dicen los documentos oficiales y lo que circula en redes sociales es cada vez más notorio. Algunas empresas habilitadas han mostrado cultivos en sus cuentas institucionales, incluyendo fotografías de plantas, invernaderos y presentaciones corporativas. Entre ellas se encuentra Pharma Industries S.A., que fue incluso protagonista de una nota en ABC Color publicada el 9 de abril de 2025, bajo el título “Pharma Industries: pioneros del cannabis medicinal en Paraguay”. En dicha nota, se presentan imágenes de cultivos e instalaciones, y se destaca que la empresa fue la primera en cultivar legalmente en el país. Sin embargo, el informe oficial de DINAVISA asegura que ninguna empresa cultiva cannabis psicoactivo en Paraguay al día de hoy.

 Equipo de Pharma Industries S.A. – Foto: ABC Color

La contradicción institucional no es menor. El documento estatal también admite que no existe ningún listado público de variedades genéticas autorizadas para cannabis psicoactivo, ni se registran datos sobre volumen de producción, exportación o ventas locales. Tampoco se reportan planes de fiscalización, ni sanciones por inactividad. Se repite el mismo patrón observado en el caso del cáñamo: empresas habilitadas sin rendimiento, controles sin consecuencias, y políticas sin resultados.

En febrero de 2025 vencieron las primeras licencias otorgadas en 2020. Según el monitoreo realizado por Mariguay, 10 empresas estaban en la lista de vencimiento. DINAVISA confirmó en abril la renovación de 8 de ellas. Convergencia S.A. y Green Flower ya no figuran entre las empresas habilitadas. Tampoco lo hace Herboristería Santa Margarita S.A., cuya licencia tiene vigencia hasta mayo de 2027 según documentos anteriores, pero no aparece en la nueva lista de licencias vigentes. Las razones no fueron explicadas.

Cuadro 1: Empresas con licencia activa hasta 2030 (según DINAVISA, abril 2025)



Cuadro 2: Empresas que no renovaron o no figuran

La urgencia de abrir el juego: sin flexibilidad, no habrá acceso

El artículo 8 de la Ley 6007 establece que el Estado debe producir derivados de cannabis para uso medicinal y garantizar el acceso gratuito a los pacientes registrados. Ocho años después, eso no ha ocurrido. No hay producción pública, no hay distribución estatal, y los pacientes —incluso los que tienen receta médica— siguen acudiendo al mercado informal o cultivando en secreto. A eso se suma el fracaso absoluto del modelo farmacéutico, que no generó un solo producto nacional, no promovió investigaciones clínicas, y no impulsó acceso real ni siquiera para casos graves.

La única salida posible es abrir el modelo. Habilitar la participación de organizaciones civiles, cooperativas, universidades, gobiernos locales y productores autorizados. Desarrollar un esquema no farmacéutico, con estándares de calidad, pero sin las trabas del modelo corporativo que hoy mantiene congelado el sistema. Lo contrario es seguir apostando a un esquema que ya se mostró ineficaz, ineficiente y excluyente.

Paraguay tiene ley, tiene tierra, tiene pacientes y tiene personas dispuestas a cultivar con responsabilidad. Lo que falta es voluntad para romper el molde.