La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) llevó a cabo otro operativo en el Departamento de Canindeyú, donde destruyó más de 100 hectáreas de cultivos de marihuana mecanizados. Aunque estas acciones se presentan como un avance en la lucha contra el narcotráfico, exponen una alarmante contradicción: mientras el Estado persigue y criminaliza a campesinos que cultivan cannabis, unas pocas empresas cuentan con autorización oficial para cultivarlo y monopolizan su comercialización bajo un marco regulatorio insuficiente.

En lugar de celebrar estas intervenciones, figuras como el ministro de la Senad, Jalil Rachid, deberían replantear un enfoque que transforme esta actividad en una herramienta de desarrollo económico, promoviendo la inclusión de los pequeños productores dentro de un sistema regulado y justo.

La paradoja campesina: entre la necesidad y la exclusión

En regiones como Canindeyú, San Pedro o Amambay, el cultivo de marihuana es una respuesta directa a la falta de oportunidades económicas y al abandono estatal. Sin acceso a mercados formales, financiamiento o infraestructura, miles de campesinos recurren al cannabis como un medio de subsistencia.

Cultivo en cannabis en Canindeyú

Aunque estas actividades son calificadas como ilícitas, representan para los pequeños agricultores una salida ante su precariedad. Sin embargo, mientras ellos enfrentan la criminalización y la destrucción de sus cultivos, algunas empresas privadas gozan de autorizaciones legales para cultivar cannabis medicinal, ampliando una brecha que favorece el monopolio y la desigualdad.

Un marco legal desigual

La Ley 6007/17, que permite el uso medicinal del cannabis en Paraguay, establece un marco legal que podría ser una oportunidad de desarrollo inclusivo. Sin embargo, su implementación ha quedado en manos de pocas empresas, que controlan la producción y comercialización de productos derivados, como aceites y cremas.

Mientras estas empresas operan bajo autorización estatal, los campesinos son marginados y perseguidos por cultivar la misma planta, pero sin acceso a los beneficios del sistema regulatorio. Esta paradoja no solo perpetúa la desigualdad, sino que desaprovecha el potencial económico y social que el cannabis podría representar para el país.

Reprimir no es suficiente

La política represiva, enfocada en destruir cultivos, ha demostrado ser insuficiente para combatir el narcotráfico y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. Estas acciones no atacan las causas estructurales del problema, como la pobreza, la falta de acceso a mercados legales y la presión de redes criminales sobre los agricultores.

Un cambio de enfoque que regule la producción del cannabis e integre a los campesinos en un sistema legal podría reducir significativamente la influencia del narcotráfico. Además, la formalización de esta actividad permitiría a los agricultores acceder a financiamiento, tecnología y un mercado más justo, generando un impacto positivo en la economía rural.

Operativo Jejuí en Canindeyú. Foto: Senad

El futuro del cannabis en Paraguay

El nivel de organización y mecanización de los cultivos destruidos por la Senad demuestra que existe capacidad para estructurar una producción profesional de cannabis en el país. Si el gobierno regula e incluye a los pequeños productores, el cannabis podría convertirse en una herramienta clave para la diversificación económica, la generación de empleo y la recaudación fiscal.

Países como Uruguay, Canadá y Colombia han demostrado que la regulación del cannabis no solo reduce la violencia asociada al narcotráfico, sino que también fomenta una industria próspera con beneficios sociales y económicos. Paraguay tiene la oportunidad de seguir ese ejemplo, pero para ello debe dejar de criminalizar a los campesinos y trabajar en un modelo inclusivo.

Un debate impostergable

El potencial medicinal y económico del cannabis ya no está en debate. La verdadera discusión debe centrarse en cómo construir un modelo de regulación que permita un acceso equitativo y evite el monopolio de unas pocas empresas.

Jalil Rachid y otras autoridades deben abandonar la celebración de operativos que solo acentúa la exclusión y buscar alternativas que incluyan a los campesinos en la cadena productiva legal. Mientras tanto, Paraguay continuará desperdiciando una oportunidad histórica para transformar una actividad criminalizada en un motor de desarrollo sostenible e inclusivo.