En 2020, Paraguay se convirtió en uno de los primeros países sudamericanos en contar con una regulación específica para el cáñamo industrial. Lo hizo a través del Decreto 2.725/19, que habilitó el cultivo y procesamiento del cannabis con menos de 0,5% de THC, y luego amplió sus lineamientos con el Decreto 3.999/20. El marco legal, técnicamente bien diseñado, buscaba desarrollar una nueva economía basada en un cultivo de bajo impacto ambiental, alto valor agregado y potencial exportador.

Sin embargo, la implementación fue capturada por pocas empresas, sin generar resultados productivos, ni desarrollo rural, ni industria real. Las cifras disponibles, obtenidas por Mariguay mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, revelan que las acciones de las empresas autorizadas fueron testimoniales, y que el aparato regulador permitió mantener permisos sin exigir resultados.

A esto se suma la ausencia total de participación campesina, una política de semillas centrada en el sector privado, y un rol innecesario —y contraproducente— de la SENAD en los procedimientos productivos, lo que ha desvirtuado aún más el sentido original de una política agroindustrial.

 
Permisos sin producción y sin impacto en el territorio

El sistema de permisos distingue entre producción agrícola y procesos industriales o de acopio. A continuación, se presenta la lista actualizada de empresas autorizadas hasta 2023, con estimación de vigencia considerando que cada licencia es válida por cinco años:

Empresas habilitadas hasta 2023

Fuente: Informe del MAG

Estas empresas mantuvieron sus permisos activos hasta hoy, pero no existen datos públicos sobre la producción efectiva o los volúmenes procesados. Los planes de siembra y procesamiento no fueron fiscalizados con criterios de cumplimiento técnico, y ninguna empresa perdió su permiso por inactividad.

 
Autorizaciones en caída libre, sin diversificación real

Uno de los puntos más críticos del informe del MAG es la evolución de las hectáreas autorizadas para cultivo, que pasó de 1.531 en 2020/2021 a apenas 3,55 en 2024.

Autorizaciones de cultivo por año

Fuente: Informe del MAG

En cuatro años, la caída fue del 97,6%, sin que nuevos actores ingresaran al sistema ni se diversificaran los cultivos. No hay cooperativas, asociaciones ni pequeños productores habilitados, y el Estado no implementó programas para facilitar su participación.

 
Exportaciones mínimas, mercado interno aún sin política

El balance de exportaciones del cáñamo industrial paraguayo entre 2021 y 2024 confirma el carácter testimonial de la producción: los envíos al exterior fueron mínimos y se concentraron casi exclusivamente en Healthy Grains S.A., con una pequeña operación registrada a nombre de International Market S.A.

Según los datos del propio Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), compilados por Mariguay mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, el volumen total exportado ronda las 321 toneladas, y el valor estimado asciende a USD 657.890. La cifra, si bien mayor a lo inicialmente reportado, sigue siendo baja para un rubro con alto valor agregado y proyección internacional.

Exportaciones detalladas de cáñamo (2021–2024)

Fuente: Informe del MAG. Proyección y estimación de valor elaboradas por Mariguay

Total estimado: USD 657.890

Esta cifra representa el resultado de casi cinco años de habilitación legal y promoción institucional del cáñamo industrial. En promedio, ni siquiera equivale al valor anual exportado por rubros alternativos como el sésamo o la chía.

En paralelo, el mercado interno de cáñamo en Paraguay existe, pero es marginal. Se pueden encontrar productos como harinas, aceites o cremas en tiendas naturistas y ferias artesanales, pero sin regulación específica, sin incentivos fiscales ni programas de fomento.

 
El cannabis psicoactivo y la confusión regulatoria

El cáñamo industrial (menos de 0,5% de THC) está regulado por los Decretos 2.725/19 y 3.999/20. En cambio, el cannabis psicoactivo (más de 0,5% de THC) está regulado por la Ley 6.007/17, que establece su uso exclusivamente medicinal con prescripción, bajo fiscalización de DINAVISA y SENAVE.

En la práctica, ambos circuitos se cruzan innecesariamente, generando demoras y controles redundantes. Es clave mantener estos sistemas separados: uno es industrial y agrícola, el otro es farmacéutico y controlado.

 
La SENAD fuera del agro: una presencia que estorba

Actualmente, la SENAD forma parte de la COINCA, la comisión que autoriza y supervisa los proyectos de cáñamo. Esta participación, establecida por Resolución MAG N.º 130/2020, no tiene justificación técnica.

La SENAD es un organismo de seguridad y represión del narcotráfico, no un actor agrícola ni industrial. Su presencia en un espacio productivo y legal genera desconfianza entre productores y agrega una capa innecesaria de estigmatización.

Retirar a la SENAD de la COINCA no implica debilitar el control: implica devolver al cáñamo su estatus de cultivo agrícola, no de sustancia sospechosa.

 
Repensar el modelo: producción real, inclusión y política de Estado

El sistema actual muestra su agotamiento. No porque la ley sea débil, sino porque las empresas habilitadas no produjeron, no industrializaron, ni abrieron puertas al desarrollo rural.

El Estado debe actuar para:

-Establecer métricas de cumplimiento y fiscalización real

-Garantizar inclusión campesina y acceso a semillas

-Fortalecer el mercado interno con políticas activas

-Crear un sistema nacional de semillas

-Y retirar de inmediato a la SENAD de las instancias productivas

Paraguay tiene las herramientas legales, el clima y el potencial productivo. Lo que falta es una política pública coherente, exigente y justa.