El pasado viernes, dos jóvenes de 23 y 22 años fueron detenidos en Ciudad del Este por poseer 7 gramos de marihuana. La policía incautó además la camioneta en la que estaban, junto con una bolsa de polietileno con marihuana, una trituradora de metal y seda para envolver. El caso fue comunicado al fiscal Manuel Rojas.

El operativo generó indignación y burlas en redes sociales, donde se debatió la desproporción de la medida en un contexto en el que la legislación paraguaya es ambigua y las políticas de consumo aún criminalizan a los usuarios.

7 gramos de de supuesta marihuana incautadas. Foto: frontera.com.py

Este caso no es aislado. En abril, una ciudadana suiza fue detenida con 33 gramos de marihuana y dos plantines para consumo medicinal personal. Pese a que no había indicios de comercialización, el fiscal a cargo solicitó prisión preventiva, lo que fue rechazado por la jueza tras críticas ciudadanas.

Un marco normativo confuso

En Paraguay, la Ley 1340/88 permite la tenencia de hasta 10 gramos de marihuana con receta médica. Por otro lado, la Ley 6007/17 regula productos derivados del cáñamo con menos de 0,5% de THC. Sin embargo, la falta de reglamentaciones claras ha llevado a detenciones cuestionables, donde no siempre se verifica si el cannabis incautado supera los límites legales de THC.

En contraste, Brasil ha aprobado recientemente la portación de hasta 40 gramos de marihuana para consumo personal. Esta medida no solo busca diferenciar a los usuarios de los traficantes, sino también reducir el hacinamiento en las cárceles. En Paraguay, el 13% de los hombres privados de libertad y el 44% de las mujeres están detenidos por transgresiones a la Ley de drogas, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Ausencia de claridad sobre el autocultivo

Aunque la ley paraguaya permite la tenencia con receta médica, no define si los usuarios pueden cultivar su propia planta para consumo personal. Este vacío deja a los consumidores vulnerables a la criminalización y evidencia la necesidad de una reglamentación más específica.
Sin respuesta del fiscal

El equipo de Mariguay intentó comunicarse con el fiscal Manuel Rojas para obtener declaraciones sobre este caso. Además, los números telefónicos de la Fiscalía de Ciudad del Este no están en funcionamiento, lo que imposibilitó conocer su versión.

La falta de claridad legal y de procedimientos eficientes no solo perpetúa la criminalización de los consumidores, sino que también sobrecarga el sistema judicial. Este caso, ampliamente debatido en Ciudad del Este y reportado por medios como CDE Hot, pone en evidencia la urgencia de modernizar las políticas públicas sobre el cannabis en Paraguay.

Las supuestas evidencias: una picadora y papel para fumar