El gobierno de Santiago Peña ejecutará entre 2024 y 2025 más de 14.300 millones de guaraníes para el Plan SUMAR, la principal política educativa nacional contra el consumo de drogas. Lo que empezó como una promesa de campaña bajo el nombre “Chau Chespi” —una referencia directa al crack— se convirtió en una ambiciosa estructura institucional financiada con fondos de SENABICO y gestionada por el Ministerio de Educación y Ciencias. Sin embargo, lo que ofrecen los materiales educativos y la estructura de gastos del plan no está a la altura de su envergadura: millones en viáticos y consultores, y cuadernillos escolares sin base científica, que ignoran leyes vigentes como la del cannabis medicinal y repiten una narrativa prohibicionista desfasada.

Cifras millonarias, prioridades cuestionables

Durante el año 2024, el MEC ejecutó un presupuesto total de G. 12.000.000.000. De ese monto, G. 9.662 millones fueron destinados exclusivamente a consultorías; G. 1.200 millones a capacitaciones; G. 380 millones a viáticos; y G. 159 millones a combustibles. Apenas G. 60 millones fueron destinados a publicaciones. A estos se suman otros G. 537 millones en “transferencias interinstitucionales” de finalidad poco clara.

Para el 2025, el Estado destinó una ampliación adicional de G. 2.328.981.125, nuevamente con fuerte énfasis en gastos operativos: G. 960 millones para nuevas consultorías, G. 402 millones para capacitaciones, G. 228 millones en viáticos y más de G. 147 millones en combustibles. Mientras tanto, el gasto en “equipo educativo recreativo” fue de apenas G. 12.500.000, y el destinado a computadoras, G. 40.761.000. La proporción deja en evidencia un desequilibrio entre el discurso educativo y las prioridades reales del plan.

Fuente: MEC

Cuadernillos sin evidencia, con moral

Una revisión preliminar de los materiales educativos utilizados en el Plan SUMAR revela un enfoque uniforme: todos los cuadernillos —desde nivel inicial hasta educación media— abordan la prevención desde una lógica prohibicionista, moralizante y alejada de la evidencia científica. A pesar de declararse “basados en la ciencia de la prevención”, estos materiales omiten conceptos fundamentales como la reducción de daños, no distinguen entre distintos tipos de sustancias y evitan mencionar marcos legales vigentes como la Ley 6007, que autoriza el uso medicinal del cannabis en Paraguay.

La mayoría de los contenidos transmiten una idea única: todas las drogas son igualmente peligrosas y deben evitarse a toda costa. Este enfoque impide distinguir entre usos recreativos, problemáticos o terapéuticos, y transmite un mensaje simplificado e inexacto sobre realidades complejas.

Un ejemplo claro se encuentra en el cuadernillo Padres que SUMAN, página 21, donde el cannabis es mencionado como “marihuana” dentro de un listado de sustancias como cocaína, crack, inhalantes y medicamentos. Se afirma que el “THC es el componente que droga y es adictivo”, asociando su consumo a psicosis, esquizofrenia y otros trastornos mentales. No se menciona que Paraguay tiene un marco regulatorio para su uso médico ni que existen personas que, conforme al artículo 30 de la Ley 1340, acceden legalmente a cannabis con receta médica. Tampoco se informa que el aceite de cannabis es distribuido actualmente en hospitales públicos.

En el mismo cuadernillo, página 36, el Taller 4 incluye al cannabis en una dinámica lúdica junto con el tabaco, cocaína y vapeadores. Se refuerza así una narrativa que coloca al cannabis en el mismo plano que sustancias altamente adictivas y dañinas, sin atender a sus usos médicos reconocidos ni a su situación legal en Paraguay.

Materiales educativos utilizados en el Plan SUMAR

Este tipo de discurso no solo refuerza el estigma hacia quienes acceden legalmente al cannabis terapéutico, sino que desinforma a estudiantes, familias y docentes. Mientras tanto, sustancias como el alcohol y el tabaco —cuyos daños sociales y sanitarios son ampliamente conocidos— reciben un tratamiento más suave. No se advierte con la misma fuerza sobre su peligrosidad, ni se cuestiona su comercialización. Esta omisión sugiere una selectividad intencional: el mensaje contra el cannabis es contundente, pero el Estado evita confrontar los intereses económicos de la industria tabacalera y el consumo legalizado del alcohol.

Educación sin pensamiento crítico

El Plan SUMAR sostiene que promueve el desarrollo de habilidades para la vida, como la empatía, la toma de decisiones o el pensamiento crítico. Pero estas herramientas nunca se aplican a la propia política de drogas. No se incentiva a los estudiantes a preguntarse por qué ciertas sustancias son legales y otras no, ni se proponen debates basados en datos científicos. Tampoco se enseñan criterios para diferenciar entre consumo responsable y abuso, ni se exploran alternativas comunitarias de acompañamiento, salud mental o contención.

Al contrario: los cuadernillos centran la prevención en la familia, con frases como “la prevención empieza por casa”, sin reconocer la responsabilidad del Estado en garantizar salud pública, acceso equitativo a información y estrategias de protección basadas en derechos.

Una política sin sustento

Lo que demuestra esta primera revisión es que el Plan SUMAR necesita una reformulación profunda. Se requiere una revisión completa de los materiales, con participación de profesionales de la salud pública, la educación, el derecho y la ciencia, que permita incorporar evidencia en lugar de moralismo, y derechos en lugar de estigmas. La omisión de la Ley 6007 y del artículo 30 de la Ley 1340 no es solo un error pedagógico: es un acto de desinformación estatal. No reconocer que miles de personas hoy acceden a cannabis con prescripción médica desde hospitales públicos es negar una política pública vigente en nombre de otra desactualizada.

Entre 2024 y 2025, el Estado invertirá más de 14.300 millones de guaraníes en este plan. De ese total, más de 10.500 millones serán destinados a consultorías, viáticos, capacitaciones y operativos. Frente a eso, los materiales distribuidos en las escuelas repiten fórmulas prohibicionistas sin sustento, invisibilizan los marcos legales vigentes y promueven una pedagogía basada en el miedo.

Educar sobre drogas debería ser una oportunidad para formar ciudadanos críticos, informados y conscientes. Hoy, el Plan SUMAR está muy lejos de eso.

Materiales educativos utilizados en el Plan SUMAR