El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a empujar el debate sobre la legalización del cannabis. En un mensaje publicado en X (antes Twitter), instó al Congreso a avanzar en una reforma que ponga fin a la prohibición.

La caída de Namoussir Mounir, enlace entre carteles colombianos y mexicanos con carteles de los balcanes, quien residía en Cartagena, muestra el grado de multinacionalización de las mafias de la cocaína.

Hoy existen carteles mucho más poderosos que en le época de Pablo Escobar.… pic.twitter.com/VwZUxdsZBR

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2025

Según Infobae, la iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del gobierno colombiano de reformular su política de drogas, alejándose del enfoque represivo y buscando alternativas que debiliten al narcotráfico sin seguir alimentando la violencia.

 
Colombia, entre la legalización y el bloqueo político

El Congreso colombiano ya debatió en varias ocasiones la legalización del cannabis de uso recreativo. En diciembre de 2023, un proyecto que proponía regular su comercialización fue rechazado en el Senado, a pesar de contar con el respaldo del gobierno de Petro.

Sin embargo, la discusión no está cerrada. En Colombia, el cannabis medicinal es legal desde 2016, y el país ya cuenta con un mercado regulado que permite la producción y exportación de derivados. El desafío ahora es extender la legalización al ámbito recreativo y establecer un marco normativo que impida que el negocio siga en manos del crimen organizado.

Uruguay es el gran referente en la región: la regulación del cannabis recreativo, aprobada en 2013, permitió desplazar al mercado ilegal y fortalecer el control del Estado sobre la producción y distribución. Modelos similares han sido adoptados en México, Alemania y varios estados de EE.UU., donde el prohibicionismo ha sido reemplazado por un esquema de regulación que genera ingresos fiscales y reduce el poder del narcotráfico.

 
Paraguay: el productor que criminaliza su propia industria

Mientras Colombia avanza en el debate, Paraguay sigue siendo el mayor productor de cannabis de Sudamérica, pero con una política que mantiene al cultivo en la ilegalidad. Según la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el 77% de la marihuana que se consume en Brasil proviene de Paraguay, alimentando un mercado negro que no deja ningún beneficio para el país.

Pero la contradicción no termina ahí. En Paraguay, el cannabis medicinal es legal, pero el negocio está completamente monopolizado por empresas con permisos, dejando afuera a los pequeños productores que siguen operando en la clandestinidad. No hay autocultivo permitido, ni acceso para cooperativas, y los agricultores que podrían abastecer el mercado legal son los mismos que son perseguidos bajo el esquema represivo.

La SENAD reportó la destrucción de más de 3.000 hectáreas de marihuana en 2023, pero el volumen de tráfico no disminuyó. La persecución no ha logrado reducir la oferta, solo ha criminalizado a los cultivadores sin tocar el verdadero problema: la falta de un mercado legal que absorba la producción y regule el consumo de manera efectiva.

 
Un cambio de paradigma que Paraguay no puede ignorar

El pedido de Petro no es un caso aislado, sino parte de un movimiento regional que busca una alternativa al fracaso del prohibicionismo. La legalización del cannabis ya es una realidad en Uruguay, México, Alemania y más de 20 estados de EE.UU., y la discusión está en plena expansión en América Latina.

Si Colombia avanza con la regulación, la presión sobre Paraguay podría aumentar. La gran pregunta es hasta cuándo el país podrá sostener una política que solo favorece al narcotráfico, mientras otros gobiernos adoptan esquemas que generan ingresos fiscales y oportunidades de desarrollo para sus ciudadanos.

El modelo paraguayo sigue sin dar respuestas a los pequeños productores, mantiene el autocultivo prohibido y persigue con operativos policiales a los agricultores, mientras al mismo tiempo permite que unas pocas empresas controlen el negocio del cannabis medicinal.

Mientras otros países avanzan con regulaciones que debilitan el mercado negro y fortalecen la producción legal, Paraguay sigue atrapado en una contradicción insostenible. Con más países sumándose al cambio, el futuro de la política de drogas en Paraguay ya no depende solo de decisiones internas, sino del contexto regional que lo rodea.