La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) vuelve a estar en el ojo de la tormenta. 770 kilos de marihuana incautada desaparecieron de su oficina regional en Saltos del Guairá, sin que hasta ahora exista una explicación concreta. La carga, que había sido decomisada en un operativo, fue detectada como faltante cuando se realizó un pesaje antes de su incineración. Hasta el momento, la Fiscalía allanó la sede de la SENAD, incautó teléfonos celulares de los funcionarios y el DVR de las cámaras de seguridad, pero los agentes afirman no saber cómo ni cuándo salió la carga.

El escándalo expone la contradicción de un sistema que persigue el cannabis mientras toneladas desaparecen dentro de las propias instituciones encargadas de combatirlo. ¿Es realmente una lucha contra el narcotráfico o simplemente la administración de un negocio que sigue operando en las sombras?

Foto: Senad

Destruir marihuana cuesta más que regularla

A finales del 2024, la SENAD informó haber destruido más de 3.000 hectáreas de cannabis en los últimos 18 meses, lo que equivale a una pérdida estimada de USD 321 millones. Esta cifra es 30 veces superior al presupuesto anual de la SENAD, que en 2024 apenas llega a USD 10,6 millones.

El Estado paraguayo está gastando recursos en eliminar una industria que, si fuera regulada, podría generar ingresos fiscales millonarios y empleos formales. En países donde el cannabis ha sido legalizado, como Estados Unidos, Canadá y Alemania, los resultados han sido contundentes. Solo en EE.UU., los impuestos generados por esta industria superan los USD 100.000 millones anuales, además de haber creado más de un millón de empleos directos.

En Paraguay, donde la producción de cannabis ya existe, pero en el mercado ilegal, la legalización podría traducirse en una industria de más de USD 1.260 millones anuales, basada en:

-14.000 hectáreas cultivadas (promedio anual en Paraguay).

-1.500 kilogramos por hectárea como rendimiento mínimo.

-USD 30 por kilo, según la SENAD.

-Dos cosechas anuales, lo que resultaría en un mercado potencial de USD 1.260 millones.

-Aplicando un 18% de impuestos, el Estado podría recaudar USD 226,8 millones anuales, monto superior al presupuesto de varias instituciones públicas.

La Ley 6007 y la desigualdad en el acceso al cannabis legal

Paraguay ya cuenta con un marco regulatorio para el cannabis, pero su aplicación ha sido desigual y excluyente. La Ley 6007/17, que establece la regulación del cannabis medicinal, fue creada para promover la investigación científica y el uso terapéutico de la planta, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional. A través de DINAVISA y el PROINCUMEC, el Estado debía garantizar el acceso a tratamientos a base de cannabis para quienes lo necesiten.

Sin embargo, la realidad es otra: esta ley ha sido "cajoneada" en DINAVISA y su implementación ha beneficiado únicamente a un grupo reducido de empresas, que monopolizan la producción y comercialización del cannabis medicinal. Mientras estas compañías operan con respaldo legal, otros productores son perseguidos y criminalizados, lo que deja en evidencia una política de exclusión que fortalece a monopolios y castiga a los campesinos que dependen de esta actividad para subsistir.

¿Lucha contra el narcotráfico o negocio de unos pocos?

El allanamiento de la sede regional de la SENAD en Saltos del Guairá por parte de la Fiscalía expone el nivel de descontrol dentro de la propia institución. Todos los funcionarios tenían acceso a la carga decomisada, y según sus propios testimonios, "todo estaba normal" hasta que se realizó el nuevo pesaje.

Se incautaron teléfonos de agentes, incluyendo los de la jefa de la sede y el subjefe, quien figuraba como responsable de la evidencia. Pero nadie sabe cómo ni cuándo salieron los 770 kilos de marihuana.

Este hecho demuestra lo que muchos han advertido por años: mientras el cannabis siga en el mercado negro, seguirá habiendo corrupción, fugas y enriquecimiento ilícito de funcionarios y estructuras ilegales, mientras el Estado sigue perdiendo oportunidades de desarrollo económico.

Legalizar el cannabis no significa promover su consumo sin control, sino transformarlo en una industria regulada que genere empleo, desarrollo y recaudación fiscal. Con una regulación adecuada, Paraguay podría:

✔ Proteger a los pequeños productores, hoy dependientes de estructuras ilegales.

✔ Reducir el crimen organizado, quitándole su principal fuente de ingresos.

✔ Generar empleo y desarrollo en comunidades rurales.

✔ Recaudar impuestos que podrían financiar salud, educación y seguridad.

La SENAD sigue destruyendo hectáreas de plantaciones en zonas rurales, mientras algunas empresas cultivan legalmente con la protección del Estado. ¿Cómo se justifica que se reprima a unos y se beneficie a otros? La política actual solo favorece a las mafias y a la corrupción interna. ¿Cuánto tiempo más se seguirá destruyendo cultivos mientras cientos de kilos desaparecen en las propias oficinas de la SENAD? Es hora de debatir un cambio real: la regulación del cannabis como una alternativa viable para la economía y el desarrollo del país.

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