Harm Reduction International ha lanzado el mes pasado un informe donde se detalla cómo los Estados Unidos, desde 1971, ha gastado más de mil millones de dólares en su guerra contra las drogas. Pese a la enorme cantidad de dinero y los esfuerzos por erradicar la venta y el consumo de drogas, las estrategias han fracasado al priorizar enfoques punitivos mediante la fuerza policial y militar.

Estas estrategias represivas fueron exportadas desde Estados Unidos y se convirtieron en moneda corriente a nivel mundial.  Desde el financiamiento y el apoyo técnico y material, el gobierno estadounidense ha influido en las políticas de control de drogas en varios países. Entre los años 2015 y 2024 se destinaron cerca de 13 mil millones de dólares a actividades internacionales de "lucha contra el narcotráfico".

Casos en Latinoamérica

Países como México y Colombia fueron afectados gravemente por estas políticas que tienen como consecuencia el fortalecimiento de respuestas militarizadas y las violaciones a los derechos humanos.

En Colombia, las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con químicos tóxicos generó el desplazamiento de comunidades enteras, incluyendo problemas de salud en las personas.

En México la militarización y la injerencia de la guerra contra los cárteles produce niveles de represión tales que ni siquiera los propios mexicanos pueden pedir rendición de cuentas a sus autoridades.

El lucro en la guerra

Entre 2013 y 2022 empresas privadas se han beneficiado con más de 244 millones de dólares haciendo uso de fondos para controlar las actividades relacionadas a las drogas.

Estos recursos, que deberían apoyar la reducción de la pobreza y otros objetivos de desarrollo sostenible, se han utilizado en proyectos controvertidos que lejos de beneficiar a las comunidades ha perjudicado a las mismas.

El problema

En lugar de abordar las causas subyacentes del consumo y el tráfico de drogas, las políticas represivas han contribuido a perpetuar ciclos de pobreza, violencia y exclusión social. En países como Filipinas, la criminalización masiva y los programas de rehabilitación forzada exacerbaron  la vulnerabilidad de las personas usuarias de drogas.

La posible solución

Aunque una fórmula para la solución no es sencilla, se debe trabajar con base en lo estudiado y comprobado. El enfoque punitivista y prohibicionista debe ser cambiado a uno más integral, que en primer lugar no implique la injerencia internacional en países pequeños, y en segundo, haga énfasis en la salud y los derechos de las personas y comunidades afectadas.  

Harm Reduction International está integrada por investigadores y colaboradores con presencia en más de 100 países alrededor del mundo, desde una perspectiva científica busca generar información para el desarrollo de políticas, programas y prácticas que apuntan a minimizar los impactos negativos para la salud, sociales y legales asociados con el consumo de drogas y las leyes sobre las mismas.

Fuente: A World Of Harm: How U.S. Taxpayers Fund the Global War on Drugs Over Evidence-Based Health Responses

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