En 2018, Andrés Mendoza, un ciudadano paraguayo, fue detenido en un allanamiento en Areguá por el cultivo de plantas de marihuana. El caso evidenció las contradicciones del marco legal sobre el cannabis en el país, donde las leyes penalizan estrictamente el cultivo no autorizado, pero permiten un registro para productores que, en la práctica, excluye a pequeños cultivadores.

Contexto

El allanamiento en el que fue detenido Mendoza se amparó en la Ley 1340/88, que regula el uso, posesión y comercialización de estupefacientes en Paraguay. Sin embargo, esta ley incluye disposiciones, como las del artículo 4, que permiten el registro de productores, pero solo bajo estrictas condiciones que favorecen a la industria.

Por su parte, la Ley 6007, promulgada posteriormente, regula el uso medicinal del cannabis y habilita su producción, pero con requisitos industriales prácticamente inaccesibles para la mayoría. Esto excluye a pequeños agricultores y ciudadanos que podrían querer cultivar para uso personal o medicinal, generando un marco legal profundamente desigual.

Cambios desde 2018; ¿Progreso o estancamiento?

Desde el caso de Mendoza en 2018, Paraguay ha visto algunos avances en el debate público sobre el cannabis, pero la situación de los pequeños productores no ha mejorado sustancialmente.

 La Ley 6007 permitió un marco para el cultivo de cannabis medicinal, pero el acceso sigue restringido a grandes empresas. A la fecha, ninguna reforma significativa ha abierto oportunidades para pequeños productores.

Persecución selectiva  y ausencia de regulación para el uso personal.

 Aunque el discurso político habla de combatir el narcotráfico, las fuerzas del orden suelen enfocarse en pequeños cultivadores y campesinos, perpetuando un sistema que criminaliza la pobreza y excluye a quienes no tienen recursos para cumplir con los requisitos industriales.

 A diferencia de otros países de la región, como Uruguay o Argentina, Paraguay no ha avanzado en la descriminalización del cultivo y uso personal de cannabis, manteniendo a los pequeños cultivadores en la ilegalidad.

 Las licencias de producción otorgadas hasta ahora han sido destinadas exclusivamente a grandes empresas con capacidad de inversión millonaria, dejando a los pequeños productores sin oportunidades reales de participación en este mercado.

Casos como el de Andrés Mendoza se repiten constantemente, reflejando un sistema que utiliza la lucha contra el narcotráfico como justificación para reprimir a comunidades vulnerables, sin abordar los problemas estructurales que alimentan esta problemática.

Cambios necesarios

Para abordar esta situación, es fundamental ajustar las leyes para que pequeños productores puedan acceder al registro con requisitos proporcionales a sus capacidades económicas y técnicas. Al mismo tiempo, se necesita regular el cultivo de pequeñas cantidades para uso personal o medicinal, diferenciándolo claramente de actividades relacionadas con el narcotráfico.

También se deberían diseñar programas que incluyan a las comunidades rurales en el mercado legal del cannabis, fomentando su desarrollo económico.

El caso de Mendoza no es solo un hecho aislado, sino un reflejo de un sistema legal y social que sigue marginando a pequeños cultivadores en Paraguay. A pesar de algunos avances en la regulación del cannabis, el país aún tiene un largo camino por recorrer para garantizar un marco justo, inclusivo y equitativo. La persecución a pequeños productores no solo es injusta, sino que perpetúa desigualdades estructurales que deberían ser el verdadero foco de las políticas públicas.