Mientras Paraguay quema cannabis a fuego lento, el mundo ya lo regula. La SENAD volvió a publicar cifras celebrando la destrucción de 89 hectáreas y la incautación de 54.600 kilos de marihuana, lo que equivale —según cálculos propios— a USD 1.638.000 en producto listo para distribución. No es la primera vez. En los últimos 18 meses, la institución afirma haber destruido más de 3.000 hectáreas, lo que representa una pérdida estimada de USD 321 millones, una cifra 30 veces superior a su propio presupuesto anual. Pero nada de eso reduce el narcotráfico, ni genera desarrollo, ni soluciona la exclusión de miles de pequeños productores que viven de esta planta en la informalidad. Al contrario: la represión legitima el monopolio legal, sostiene un sistema desigual y oculta corrupción institucional. La marihuana se cultiva, se vende y se consume. La diferencia es si el Estado decide seguir persiguiendo... o empezar a regular.

Quemar cannabis cuesta más que regularlo

Según estimaciones actualizadas, Paraguay cultiva unas 14.000 hectáreas de cannabis al año, con un rendimiento mínimo de 1.500 kilos por hectárea y un valor estimado en USD 30 por kilo. Si se aprovecharan dos cosechas anuales, el mercado potencial alcanzaría los USD 1.260 millones por año.

Aplicando un impuesto del 18%, el Estado podría recaudar más de USD 226 millones, superando el presupuesto de varias instituciones clave como el Ministerio del Ambiente o la Secretaría de la Niñez. Y eso sin contar el impacto positivo en empleo rural, formalización de productores y reducción del mercado ilegal.

Pero Paraguay hace lo contrario: gasta dinero público en destruir cultivos que podrían generar desarrollo. Es una política sin lógica económica, social ni sanitaria.

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Un negocio millonario que opera sin ley ni control

La Ley 6007 habilita el uso medicinal del cannabis, pero su implementación ha sido restrictiva y elitista. Solo unas pocas empresas tienen autorización para cultivar, mientras que campesinos, colectivos de salud y comunidades rurales siguen excluidos. No existe autocultivo legal, ni licencias para cooperativas, ni acceso comunitario.

El resultado es un doble estándar: quien tiene permiso cultiva tranquilo; quien no, termina criminalizado. El mismo Estado que reprime con helicópteros a productores rurales respalda con firmas a las empresas que concentran el negocio. La desigualdad está en la raíz del modelo.

SENAD: presupuesto inflado y escándalos sin castigo

En 2024, SENAD cuenta con un presupuesto de USD 10,6 millones, pero sus operativos destruyen productos cuyo valor es 30 veces mayor. ¿Quién se beneficia realmente?

Peor aún: la propia institución perdió 770 kilos de marihuana incautada. El hecho ocurrió en su sede regional de Saltos del Guairá y fue documentado por este medio en la nota “770 kilos de marihuana desaparecen en la SENAD”. Hasta ahora, nadie fue sancionado, ni se recuperó la carga, ni se explicó cómo salió del depósito.

El caso no es menor. Demuestra que la guerra contra el cannabis también sirve para encubrir negocios internos, desvíos y corrupción estructural. Mientras tanto, se criminaliza a campesinos por unos pocos kilos y se ocultan toneladas dentro del propio Estado.

Regular para generar trabajo, salud e impuestos

Regular el cannabis no significa promover su consumo sin control. Significa ordenar un mercado que ya existe, proteger a quienes producen, controlar la calidad y recaudar recursos para políticas públicas. Países como Uruguay, Canadá, Alemania o Colombia ya lo entendieron.

Paraguay tiene clima, tierra, experiencia histórica y capacidad de producción. Pero carece de voluntad política. Y mientras eso no cambie, seguirá destruyendo su propio potencial y profundizando la desigualdad.

No es una lucha contra el narcotráfico. Es la administración desordenada de un negocio que podría estar al servicio del país y no de unos pocos.
La planta no es el problema. El problema es no tener política.