Este lunes 21 de abril, la efervescencia del 420 paraguayo desembocó en una audiencia pública en el Congreso Nacional con un reclamo claro: una ley de cannabis construida desde abajo, con justicia y urgencia. Convocada por el senador Líder Amarilla, junto al senador José Ledezma, la jornada reunió a pacientes, cultivadores, emprendedores y cooperativas campesinas que expusieron el Anteproyecto de Ley de Regulación Integral del Cannabis. La iniciativa, impulsada por colectivos que trabajan desde hace años en la escena cannábica y productiva del país, propone legalizar el autocultivo, habilitar dispensarios regulados y priorizar a la agricultura familiar en un nuevo modelo económico. La audiencia se convirtió en el cierre político de una semana intensa de actividades por el 420: desde visitas a cultivos campesinos en Aguerito, hasta conciertos y ferias en Asunción, todo con un mismo hilo conductor: el cannabis es salud, es trabajo y es derecho.

Las plantas de cannabis desfilando en el congreso paraguayo 

El reclamo de una ley construida desde abajo

El anteproyecto fue presentado como una respuesta concreta a las limitaciones del actual marco legal, que criminaliza a pacientes y excluye a pequeños productores del modelo económico. Según el senador Amarilla, hay al menos siete proyectos relacionados al cannabis en tratamiento en el Congreso, pero ninguno con una propuesta integral como esta. La propuesta contempla la habilitación del autocultivo registrado de hasta seis plantas y 40 gramos por persona, licencias diferenciadas para preparados artesanales y farmacéuticos, una red de dispensarios regulados y el impulso del cáñamo industrial con foco en la agricultura familiar. También propone medidas fiscales concretas, como dirigir parte de los impuestos del sector a la prevención y salud, y la revisión de causas penales previas por cannabis.

Nicolás Bernie y Juan Carlos Cabezudo, activistas y parte clave del impulso a la nueva ley.

Las organizaciones detrás del anteproyecto incluyen a los clubes cannábicos 30 Veces y Club de Cannabis del Paraguay, Granja Madre, Pomber Grow Shop, Mr. Joy y diversos colectivos de pacientes y emprendedores. Su objetivo es claro: un modelo legal justo, participativo y con oportunidades reales para quienes ya cultivan, producen o consumen en la realidad, aunque el Estado aún no los reconozca.


Pacientes criminalizados y un modelo que ya no da más

Uno de los momentos más impactantes de la audiencia fue la mención al caso de Marianne Rita Baumann, ciudadana suiza detenida en abril de 2024 por tener dos plantas y 33 gramos de cannabis en su casa de Colonia Independencia. Su historia se convirtió en un símbolo de las contradicciones del sistema actual, que persigue incluso a quienes usan cannabis con fines terapéuticos.

La audiencia también contó con invitados internacionales como Matías Maxx y Francisney Nascimento (Brasil), Guillermo Garat (Uruguay) y Nahuel Suglia (Argentina), quienes compartieron experiencias de regulación en sus países, y con la presencia de figuras del sector cannábico nacional como Nicolás Bernie, Cristian Vázquez, Juan Carlos Cabezudo y Federico Berro, que llevan años trabajando en producción, comercialización y activismo.

Marianne Rita Baumann

Todos coincidieron en una idea: no se puede seguir criminalizando al usuario ni ignorando el potencial productivo del cannabis, tanto en el ámbito medicinal como industrial. En un país con tierra fértil y un sistema represivo que muestra signos de agotamiento, la regulación no es una utopía: es una urgencia nacional.

Una propuesta concreta para una realidad que ya existe

El anteproyecto presentado propone una regulación amplia y progresiva del cannabis, tanto en su uso medicinal como industrial, priorizando el acceso para personas usuarias, pacientes, cooperativas y pequeños productores. Su objetivo es reemplazar el actual modelo restrictivo, que concentra las licencias en pocas empresas y criminaliza a pacientes y cultivadores.

Entre los puntos centrales, se destacan:

Autocultivo registrado: Se permite cultivar hasta seis plantas y tener hasta 40 gramos por persona, con inscripción voluntaria ante la autoridad de aplicación.

Dispensarios con trazabilidad: Se habilitan establecimientos de venta regulada, con productos estandarizados y fiscalización estatal.

Producción artesanal y magistral: Se autoriza la elaboración de productos cannábicos por parte de pequeñas cooperativas, farmacias, laboratorios y emprendimientos comunitarios.

Fomento del cáñamo industrial: Se promueve su cultivo como herramienta productiva para la agricultura familiar, con acceso a créditos y asistencia técnica.

Revisión de causas penales: Se establece un mecanismo para revisar y anular procesos judiciales pasados por uso o tenencia de cannabis.

Enfoque en salud y prevención: Parte de los recursos fiscales generados se destinan a programas de salud, educación y prevención de consumos problemáticos.

Representantes campesinos de distintas zonas también llevaron su voz al Congreso. Desde San Pedro, llegaron miembros de la Cooperativa Agronorte, con Rolando Chávez al frente, quien propuso fortalecer el cáñamo industrial como alternativa productiva, con soporte técnico y organizativo para los pequeños productores. También participaron referentes como Eulalio López (Aguerito), Francisco Larrea y Gregorio Fernández, que representan a comunidades ya activas en el cultivo familiar de cannabis.

El mensaje fue claro: Paraguay necesita una ley que mire su realidad, que no imponga desde arriba, sino que recoja lo que ya existe en los barrios, en las fincas, en los dispensarios informales y en las experiencias de los pacientes. Porque el cannabis ya forma parte del país: solo falta que el Estado lo reconozca.