El municipio de Independencia, en el departamento de Guairá, está decidido a marcar un antes y un después en la política pública sobre cannabis medicinal en Paraguay. Mientras el Estado nacional, a través del Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), ha fallado sistemáticamente en garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados —tal como exige el artículo 2, inciso C de la Ley 6007/17—, esta localidad ha decidido avanzar por su cuenta. El sábado 19 de abril se realizó una ceremonia simbólica que marcó la puesta en marcha del proyecto: un dispensario municipal gratuito, enfocado en el bienestar, la medicina natural y la agricultura campesina. La iniciativa, declarada de interés municipal mediante la Ordenanza 30/24, cuenta con el respaldo de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), el Proyecto Granja Madre y el científico brasileño Francisney Nascimento.

Una ley vigente que el Estado no cumple

La Ley 6007/17 lleva ya casi ocho años en vigencia. Fue creada para regular el uso medicinal del cannabis en Paraguay, pero el Estado no ha cumplido con sus obligaciones mínimas. Hasta hoy, no cuenta con un laboratorio público de extracción ni con un plan de distribución gratuito. Apenas 260 pacientes han sido registrados oficialmente en hospitales públicos, y solo se tratan 8 patologías, a pesar del potencial terapéutico más amplio que tiene la planta, respaldado por estudios internacionales.

Inicio simbólico del dispensario municipal. Foto: @matiasmaxxx

En lugar de avanzar, el Estado se ha estancado en una lógica burocrática que favorece a pocas empresas habilitadas, mientras criminaliza a pacientes y productores. En contraste, la Municipalidad de Independencia ha tomado la decisión política de transformar un edificio público —actualmente ocupado por el Juzgado de Faltas— en el primer dispensario municipal gratuito del país. La nota oficial firmada por el intendente José A. Resquín Acosta autoriza el usufructo del espacio y respalda el desarrollo del laboratorio, la sala de consultas y el área de distribución comunitaria. El proyecto cuenta con el impulso fundamental de Juan Carlos Cabezudo, referente del movimiento cannábico paraguayo y articulador clave entre municipio, instituciones científicas y organizaciones sociales.

Del símbolo de persecución al acceso garantizado

La ceremonia de apertura del predio contó con la participación de referentes internacionales como Matías Maxx y Francisney Nascimento (Brasil), Nahuel Suglia (Argentina), y delegaciones de Granja Madre, Club de Cannabis del Paraguay y Cáñamos del Norte. Pero uno de los momentos más simbólicos fue la presencia de Marianne Rita Baumann, ciudadana suiza detenida en abril de 2024 por tener dos plantas y 33 gramos de cannabis en su vivienda de Independencia.

Su caso, que generó repudio internacional, evidenció el nivel de criminalización en Paraguay incluso hacia personas con fines estrictamente terapéuticos. Hoy, en ese mismo municipio, se avanza con un modelo legal, accesible y gratuito, en cumplimiento de una ley nacional que hasta ahora no se aplicaba.

La ciencia latinoamericana se instala en Guairá

El proyecto no solo es una acción política: también es científico. El convenio con la UNILA, liderado por el investigador Francisney Nascimento, plantea tres pilares fundamentales:

-Diseño e instalación de un laboratorio público, con capacidad para cubrir entre 5.000 y 10.000 usuarios mensuales.

-Formación de profesionales médicos en el sistema endocannabinoide, en coordinación con la Universidad Católica de Villarrica.

-Investigación clínica con pacientes reales, en patologías como dolor crónico, cáncer, epilepsia y Alzheimer, entre otras.

Además, se propone articular con otras facultades y centros de salud para garantizar una red de atención integral basada en la medicina natural gratuita.

La iniciativa, declarada de interés municipal mediante la Ordenanza 30/24

El programa que el Estado nunca implementó

La Ley 6007 no solo autoriza, sino que obliga al Estado a implementar el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados, conocido como PROINCUMEC. Este programa, según el artículo 2 de la ley, debe:

-Promover el derecho a la salud con acciones de prevención y promoción.

-Establecer guías y lineamientos de asistencia y accesibilidad.

-Garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados a toda persona incorporada al programa.

-Desarrollar evidencia científica y evaluar su eficacia clínica.

-Capacitar a los profesionales de salud sobre el uso terapéutico del cannabis.

-Investigar efectos secundarios y establecer seguridad y limitaciones.

-Promover la industrialización controlada a través de laboratorios públicos.

Ninguna de estas obligaciones ha sido cumplida por el Ministerio de Salud ni por Dinavisa. No existe un solo laboratorio público en funcionamiento, ni protocolos nacionales unificados, ni distribución gratuita sostenida. Mientras tanto, quienes tienen recetas médicas válidas según el artículo 30 de la Ley 1340 deben acudir al mercado negro o al autocultivo clandestino.

En ese vacío institucional, el municipio de Independencia se convierte en pionero. No solo porque plantea una solución local al incumplimiento estatal, sino porque demuestra que es posible hacer cumplir la ley desde abajo, con base en la comunidad, la ciencia y la voluntad política.

Cabezudo junto a Francisney Nascimento, Marianne y autoridades. Foto: @matiasmaxxx