El Centro Cultural El Cabildo es hoy escenario de un evento que busca dar un giro en el debate sobre drogas en la región. La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usamos Drogas (LANPUD) presenta los resultados iniciales de la Plataforma de Registro de Vulneraciones de Derechos Humanos de las Personas que Usan Drogas en América Latina y el Caribe, con la presencia de referentes regionales y organizaciones sociales.

Según la gacetilla de prensa, la iniciativa busca “eliminar el estigma, la discriminación y la criminalización de las personas usuarias de sustancias psicoactivas, a través de la promoción y defensa de sus derechos humanos, sociales, culturales, económicos y políticos”. En Paraguay, sin embargo, la brecha entre el marco legal y la práctica cotidiana sigue siendo abismal: a pesar de que la ley reconoce derechos básicos, muchos usuarios siguen siendo llevados a la comisaría incluso con cantidades mínimas.

Una ley que ampara, una práctica que castiga

En el caso del cannabis, el artículo 30 de la Ley 1340/88 establece la posibilidad de portar hasta diez gramos para uso personal o con receta médica. A su vez, la Ley 6007/17, en su artículo 2, obliga al Estado a garantizar el acceso a tratamientos con cannabis medicinal mediante el PROINCUMEC. No obstante, la práctica policial contradice este marco: continúan los procedimientos de detención, incautación y apertura de causas judiciales contra pacientes y usuarios.

Casos que revelan la contradicción

LANPUD es una red regional presente en 17 países que agrupa a personas que usan distintas drogas, con el objetivo de visibilizar las vulneraciones de derechos y promover políticas más humanas. En Paraguay, los casos recientes reflejan con nitidez esa tensión entre norma y práctica. Marianne Rita Baumann, ciudadana suiza, fue detenida en abril de 2024 en Independencia tras encontrarse en su vivienda dos plantas y 33 gramos de cannabis. En noviembre de 2025, dos jóvenes de 23 y 22 años fueron apresados en Ciudad del Este por portar apenas 7 gramos de marihuana. La Policía incautó también la camioneta en la que se trasladaban, junto a una bolsa con restos de cannabis, una trituradora metálica y papeles de seda, y comunicó el caso al fiscal Manuel Rojas.

Estos episodios muestran una práctica común en Paraguay: se criminaliza al usuario como si fuera un traficante. La diferencia es esencial. Las políticas de drogas no pueden actuar de la misma manera frente a un consumidor —que muchas veces está amparado legal y médicamente— que frente a estructuras de narcotráfico. Sin embargo, las fuerzas de seguridad insisten en aplicar la misma lógica represiva.

Documentar para incidir

La Plataforma que se presenta hoy busca precisamente recopilar y dar visibilidad a estas vulneraciones con un enfoque regional. “El objetivo principal es visibilizar las vulneraciones que enfrentan las personas que usamos drogas, informando a actores clave y contribuyendo así a un cambio de enfoque más respetuoso de los derechos humanos y los valores democráticos”, sostiene LANPUD.

A nivel continental, la situación presenta similitudes: detenciones arbitrarias por pequeñas cantidades en Brasil, discriminación en acceso a salud en México o persecuciones policiales en Colombia. La propuesta de LANPUD es ofrecer un registro unificado de estas prácticas para incidir políticamente y demostrar que el prohibicionismo ha fracasado más allá de las fronteras nacionales.

Entre la prohibición y los derechos humanos

El fracaso del modelo represivo es evidente: recursos millonarios destinados a operativos contra pequeños consumidores, cárceles saturadas por delitos menores de drogas y un sistema sanitario que no garantiza los tratamientos prometidos por ley. La Plataforma de LANPUD se propone como herramienta de incidencia política para cambiar esta lógica.

El desafío para Paraguay es mayúsculo: pasar de la retórica del combate al narcotráfico hacia políticas basadas en derechos humanos, donde la portación mínima no sea criminalizada y los pacientes no tengan que litigar para acceder a sus medicinas. La tensión entre prohibición y derechos humanos ya no puede seguir ignorándose.

 
Organiza: LANPUD
Apoya: Germinar
Para más informes: Jeruti Bareiro, (0986) 437 886