El 30 de junio de 2025, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil inició un mutirão nacional (revisión judicial masiva) para revisar sentencias dictadas en los últimos ocho años contra personas condenadas por posesión de hasta 40 gramos de marihuana o seis plantas hembras. Esta acción se fundamenta en el fallo del Supremo Tribunal Federal (STF), que en junio de 2024 resolvió que esa cantidad no corresponde a delito penal, sino a una infracción administrativa.

El mutirão está enmarcado en el plan “Pena Justa”, y busca aplicar criterios objetivos para diferenciar entre uso personal y tráfico conforme a la jurisprudencia del STF: cantidades menores a 40 g sin presencia de otras drogas, armas o indicios de comercio deben tratarse como uso personal, no como delito penal.

¿Por qué es relevante y qué representa este proceso?

La iniciativa puede significar la liberación o reclasificación de condenas para miles de personas condenadas por posesión simple de cannabis. Aunque el CNJ aún no publicó datos completos sobre cuántos casos serán revisados, se trata de una corrección legal que podría modificar significativamente el panorama penal, al evitar la criminalización por uso personal sin pruebas de tráfico.

Este proceso representa no solo una revisión de casos individuales, sino también un giro estructural en la política judicial. Confirma que el sistema de justicia tiene la capacidad de revisar y corregir fallos pasados, incluso aquellos ya firmes, cuando surgen nuevos criterios jurisprudenciales más justos y objetivos. Es una señal de que el derecho penal puede adaptarse para no seguir reproduciendo castigos desproporcionados.

Impacto en la superpoblación carcelaria

Brasil alberga una de las mayores poblaciones penitenciarias del mundo, con más de 600.000 personas privadas de libertad. Una proporción significativa está encarcelada por delitos relacionados con drogas, incluyendo muchas personas condenadas solo por portar pequeñas cantidades.

La implementación del mutirão podría aliviar notablemente esta carga, liberando espacios en cárceles atestadas, reduciendo costos públicos y cortando el ciclo de criminalización, sobre todo en jóvenes de sectores sociales históricamente marginados que nunca cometieron delitos violentos.

El mecanismo de revisión combina inteligencia artificial, sistemas de registro judicial y evaluación manual por parte de jueces y fiscales. Los casos revisados pueden derivar en cancelación de condenas, reclasificación como infracción administrativa o mantenimiento de la pena, según se ajusten o no a los criterios.

Una oportunidad histórica para corregir desigualdades

Organizaciones como Conectas Direitos Humanos sostienen que la Ley de Drogas se ha aplicado de forma especialmente severa contra personas de sectores vulnerables y barrios periféricos. El mutirão abre paso a una posible reparación parcial de esa desigualdad, al introducir estándares jurídicos más objetivos y menos dependientes del perfil social o lugar de residencia del acusado.

El STF, en su fallo, destacó que establecer un umbral claro evita decisiones judiciales basadas en prejuicios y promueve una justicia más transparente, previsible y alineada con el principio de igualdad ante la ley.

Paraguay: contraste final

En Paraguay, el artículo 30 de la Ley 1340/88 establece la despenalización de hasta 10 gramos de marihuana para consumo personal, pero la norma jamás fue reglamentada. En la práctica, muchas personas con cantidades legales son detenidas, trasladadas a comisarías o extorsionadas mediante coimas. En 2024, una ciudadana suiza fue imputada por tener solo dos plantas de cannabis en su casa, sin evidencia de tráfico, reflejo del vacío legal vigente.

Por otro lado, la Ley 6007/17 obliga al Estado a garantizar el acceso al cannabis medicinal, pero ese acceso sigue altamente limitado: solo hay un producto sintético autorizado y no existe regulación que permita el autocultivo, incluso para pacientes con receta médica.