Una densa columna de humo cubrió parte de Salto del Guairá tras la quema al aire libre de 13 toneladas de marihuana en la Base Naval de Canindeyú. La operación, realizada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), provocó molestias respiratorias en vecinos, llevó a suspender las clases en una escuela cercana y dejó al descubierto una vez más las contradicciones de la política antidrogas en Paraguay. Más allá del impacto ambiental, el dato económico es revelador: la marihuana destruida equivalía a unos USD 390 000, según el propio valor estimado por la SENAD (30 dólares por kilo).

 Pérdidas millonarias y modelos fallidos

Con cada quema, Paraguay no solo libera gases contaminantes, sino también destruye millones que podrían integrarse a un modelo productivo legal. Mientras la Ley 6007/17 permite el uso medicinal del cannabis, el acceso real está restringido a pocas empresas habilitadas. El autocultivo no está permitido ni siquiera con receta médica, y los pequeños productores siguen siendo perseguidos bajo un enfoque represivo que prioriza la incineración por sobre la regulación.

La marihuana destruida en Salto del Guairá representaba casi G. 3.000 millones. Esa misma cantidad, si estuviera regulada, podría usarse en tratamientos médicos, generar empleos en el procesamiento agroindustrial o alimentar un sistema fiscal basado en la trazabilidad y control del producto. Pero el modelo actual opta por la eliminación total, sin dar espacio a alternativas económicas ni sociales.

 
Humo tóxico y salud pública

Vecinos de Salto del Guairá reportaron dificultades respiratorias, ardor ocular y olor penetrante en el aire. La Escuela Básica Núm. 411, ubicada a solo dos cuadras del lugar, suspendió las clases por precaución. A pesar de que no existen evidencias de que el THC —el componente psicoactivo de la planta— conserve su potencia al dispersarse en el aire tras la quema, sí hay riesgos concretos por la exposición a humo de combustión, que contiene partículas finas, alquitrán, monóxido de carbono y otras sustancias nocivas para los pulmones.

La peligrosidad no está en los efectos psicoactivos, sino en la contaminación ambiental y sanitaria. Este tipo de operaciones debería contar con protocolos técnicos estrictos para evitar daños colaterales. La cercanía del sitio de incineración a zonas pobladas plantea serias dudas sobre los criterios utilizados en el operativo.

 
Quemar recursos o integrarlos a la economía

La política antidrogas en Paraguay sigue centrada en la destrucción. Pero los datos muestran que el modelo actual no ha logrado frenar el narcotráfico, y en cambio impide avanzar hacia una regulación que permita incorporar el cannabis al desarrollo nacional. La Ley 6007/17, su decreto reglamentario (Decreto 9303/18) y el Artículo 30 de la Ley 1340/88, que permite hasta 10 gramos de tenencia con receta, son normas vigentes que podrían servir de base para una política más racional.

El país cuenta con tierras fértiles, bajo costo de producción y condiciones climáticas ideales. Sin embargo, no existe una estrategia integral para transformar ese potencial en una política pública que genere salud, empleo e ingresos fiscales. En lugar de eso, se sigue apostando por quemar lo incautado como única respuesta.