El 30 de abril de 2025, las Islas Caimán vivieron una jornada doblemente histórica: junto con las elecciones generales, se celebró un referéndum sobre la despenalización del cannabis para consumo personal. Con un 60,4% de los votos a favor, la consulta popular —aunque no vinculante— envió un mensaje inequívoco al Parlamento y al mundo: buena parte de la sociedad caimanesa está a favor de cambiar la política penal sobre drogas. Esta decisión no implica aún una reforma legal, pero obliga a los legisladores a dar una respuesta política.

Resultados del referéndum y qué cambia en la ley

La pregunta fue clara: “¿Apoya la despenalización del consumo y posesión de pequeñas cantidades de cannabis?”. El 60,4% de los electores votó por el “sí”, y el 39,6% por el “no”. Aunque el referéndum no obliga al Parlamento a legislar, el resultado tiene peso político. Se trató de una consulta ciudadana organizada junto con dos temas más: una lotería nacional (aprobada por el 70%) y el desarrollo de infraestructura turística para cruceros (rechazada por el 64,5%).

Lo que propone esta despenalización no es la legalización plena del cannabis ni su venta libre, sino que el porte de pequeñas cantidades para consumo personal deje de ser delito penal. La idea es que sea tratado como una infracción administrativa, sin cárcel ni antecedentes. Aún falta precisar qué cantidad será considerada “pequeña” y cómo se aplicará en la práctica.

Cannabis en Caimán: situación legal y tensiones sociales

Actualmente, las Islas Caimán permiten desde 2017 el uso de cannabis medicinal bajo prescripción médica, aunque con muchas restricciones. Solo están permitidos algunos derivados (aceites, cápsulas) y no se habilita el cultivo doméstico. Todos los productos deben importarse y son costosos, lo que deja fuera del sistema a muchas personas.

El uso recreativo sigue penalizado, lo que ha derivado en múltiples detenciones por simples posesiones. Según medios locales, buena parte de los jóvenes detenidos por drogas están relacionados con pequeños casos de cannabis. Esto generó presión pública y llevó a organizaciones sociales y profesionales de la salud a plantear la necesidad de una reforma más humana y racional.

Paraguay: posesión personal ya es legal, aunque no se aplica

En Paraguay, el escenario legal es mucho más paradójico. Desde 1988, la Ley 1340 en su artículo 30 ya establece que no es punible la posesión de hasta 10 gramos de cannabis para uso personal, sin necesidad de prescripción médica. Sin embargo, esta norma no ha sido reglamentada ni respetada por las fuerzas de seguridad ni por los fiscales. De hecho, se siguen abriendo causas penales a personas detenidas con pequeñas cantidades, en abierta contradicción con la propia ley.

En la práctica, esto significa que la despenalización ya está contemplada en el texto legal paraguayo, pero no en la realidad judicial.

Además, Paraguay cuenta con la Ley 6007/17 que regula el uso medicinal del cannabis, pero su implementación ha sido mínima. En casi ocho años, solo se registraron oficialmente 260 pacientes tratados en hospitales públicos y ocho enfermedades habilitadas, según datos del propio Ministerio de Salud. No existe autocultivo legal para pacientes ni producción nacional accesible.

¿Es posible un referéndum sobre cannabis en Paraguay?

La Constitución paraguaya permite la realización de referéndums, pero su convocatoria depende del Congreso Nacional y requiere la sanción de una ley específica que lo autorice. En ese contexto, sería legalmente posible convocar una consulta popular para despenalizar o incluso legalizar el cannabis, pero políticamente poco probable en el corto plazo, salvo que exista una presión ciudadana sostenida.

No obstante, como ya establece la Ley 1340, la tenencia de hasta 10 gramos para uso personal no debería ser castigada, lo que plantea que ni siquiera sería necesario un referéndum para garantizar ese derecho: bastaría con hacer cumplir lo que ya está vigente. La discusión pública, en todo caso, debería centrarse en exigir el respeto a la norma y avanzar hacia una reglamentación que garantice derechos, reduzca daños y termine con las detenciones arbitrarias.