Paraguay marcha por el cannabis y el respeto a los 10 gramos legales

Este 15 de noviembre se realiza en Asunción una marcha que exige respeto al Art. 30 de la Ley 1340/88 y a la Ley 6007/17, reclamando acceso real al cannabis medicinal, fin de la persecución y políticas basadas en derechos.

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Noticias 13/11/25

El 15 de noviembre, desde las 14:20 en la Plaza Italia, la comunidad cannábica convoca a una movilización que busca algo básico: que Paraguay cumpla sus propias leyes. A las 16:20 inicia el recorrido, en un contexto donde la tenencia mínima permitida continúa siendo ignorada y el acceso al cannabis medicinal sigue dependiendo de un modelo farmacéutico que no ha dado resultados.

El reclamo se sostiene sobre dos normas fundamentales: el Artículo 30 de la Ley 1340/88, que autoriza portar hasta 10 gramos de cannabis para uso personal, y la Ley 6007/17, que obliga al Estado a garantizar acceso a medicamentos derivados del cannabis. A pesar de ello, persisten detenciones arbitrarias, ausencia de investigación científica, productos inaccesibles y una persecución que golpea tanto a pacientes como a productores.

Qué exige la marcha del 15 de noviembre

  • Efectivización total de la Ley 6007/17, incluyendo laboratorio público y acceso real.

  • Respeto al Art. 30 de la Ley 1340/88, que autoriza portar hasta 10 gramos.

  • Derecho al autocultivo y cultivo solidario para pacientes.

  • Investigación científica del cannabis en universidades paraguayas.

  • Reconocimiento al trabajo campesino y cultivador urbano.

  • Políticas de reducción de daños y salud mental.

  • No más presos inocentes por marihuana.

La tenencia de 10 gramos: una ley ignorada a diario

El Artículo 30 de la Ley 1340/88 autoriza la tenencia de hasta 10 gramos de cannabis para uso personal o con receta, lo que significa que esa cantidad no constituye delito. La norma fue diseñada para evitar que un usuario sea confundido con un comerciante: 10 gramos son de uso personal, no para venta ni distribución.

A pesar de ello, la Policía continúa trasladando personas a comisarías, abriendo actas y derivando casos al Ministerio Público por cantidades que la ley reconoce como legales. La aplicación sigue dependiendo del criterio de un agente, no del marco normativo vigente.

Como referencia regional, Brasil adoptó recientemente un parámetro de hasta 40 gramos para diferenciar usuario de comercio. Paraguay, con un límite mucho menor, ni siquiera logra hacer cumplir los 10 gramos establecidos por ley.

Ocho años de Ley 6007 sin acceso real ni investigación

Este diciembre se cumplen ocho años de la Ley 6007/17, que creó el PROINCUMEC y ordenó al Estado garantizar acceso seguro y científico al cannabis medicinal. Sin embargo, el país sigue sin producir extractos vegetales nacionales con THC mayor a 0,5%, no cuenta con un laboratorio público y no ha impulsado investigaciones en universidades públicas o privadas.

Las empresas autorizadas no han desarrollado un solo producto vegetal completo. El único medicamento con THC >0,5% disponible en farmacias es sintético y supera los Gs. 2.700.000, volviéndose inaccesible para la mayoría de los pacientes. Mientras tanto, los productos con CBD y THC <0,5%, registrados como cosméticos o suplementos, no responden a las necesidades clínicas de quienes requieren mejores cannabinoides.

El resultado es un modelo farmacéutico concentrado y estancado, incapaz de garantizar el acceso que la ley prometió.

Fin de la persecución en el campo

En zonas rurales, productores campesinos siguen siendo víctimas de erradicaciones desproporcionadas, criminalización y operativos sin alternativas productivas. El cannabis medicinal está regulado, pero solo unas pocas empresas poseen permisos, dejando fuera a quienes históricamente cultivan la planta en Paraguay.

La marcha exige terminar con esta persecución y avanzar hacia un modelo que incluya a productores rurales y cultivadores urbanos como parte legítima de la política pública, reconociendo su rol económico y social.

Un llamado a cumplir la ley

El 15 de noviembre no es solo una marcha: es un pedido urgente para que el Estado aplique las leyes que ya existen, garantice derechos y deje atrás la política de criminalización selectiva. Sin acceso real, sin investigación, sin inclusión y sin respeto al Artículo 30, la regulación no existe en la vida cotidiana de las personas.