Guillermo Garat no necesita que le cuenten qué pasa con el cannabis en Paraguay: lo vivió. En 2015 estuvo en San Pedro durante una de las ofensivas de la SENAD contra campesinos cultivadores. “Mucho miedo, mucha represión, muchos padres de familia perseguidos, niños muy asustados con los helicópteros”, recordó en entrevista con Mariguay, minutos después de hablar durante la audiencia pública en el Congreso Nacional sobre el proyecto de ley que busca regular el cannabis.

A diez años de aquella primera visita, Garat regresó al país y se encontró con una transformación: familias campesinas que producen con técnicas agronómicas, consumidores que demandan calidad, y un debate político que comienza a romper el tabú. “Me emociona ver que se está gestando un mercado sin corrupción, sin violencia, que ofrece un producto de calidad”, expresó.

Editor del blog Fármakon de La Diaria (Uruguay), Garat ha reportado sobre drogas para Vice, Al Jazeera, Le Monde Diplomatique y Deutsche Welle. Es autor de Marihuana y otras yerbas (2012) y El camino (2015), dos libros clave para entender la experiencia uruguaya de regulación. Pero lo que observa en Paraguay es otra cosa: un proceso social que no parte de la ley, sino de la práctica.

Una historia de helicópteros, miedo y resistencia

Cuando llegó en 2015 a Kamba Rembe, San Pedro, se encontró con una comunidad atemorizada tras un operativo de la SENAD. “Le costó a los niños muchos días volver a la escuela con tranquilidad”, recordó. Aquel viaje fue el inicio de una relación profunda con el Paraguay rural. “Conocí la historia oculta de este comercio. Me quedé muy sentimentalmente cercano a Campo Paraguayo”, relató.

De esa experiencia surgió el informe Paraguay, la Tierra Escondida, elaborado junto al Transnational Institute y la Fundación Friedrich Ebert, donde se denuncia cómo la política prohibicionista convirtió al país en el mayor productor de cannabis de Sudamérica, al costo de violencia, persecución y violaciones a derechos humanos contra campesinos e indígenas.

Esa historia aún no ha terminado. Pero Garat percibe que algo está cambiando. “La planta no es la que ha generado violencia en Paraguay. Es el Estado, en su forma de intervenir, el que genera una serie de problemas… muy dolorosos para las familias campesinas”.

Ministro de la Senad, Jalil Rachid durante un operativo de la Senad. Foto: Gentileza 

Del gramo cultivado al debate en el Congreso

En su reciente visita, Garat recorrió Itauguá, Colonia Independencia y asentamientos como el 10 de Agosto, acompañado por integrantes de Granja Madre. Lo que vio lo conmovió: familias campesinas cultivando con nuevas técnicas, mejorando la genética y llegando directamente a consumidores medicinales y recreativos.

“Ya no venden un kilo por 20.000 guaraníes. Venden un gramo de buenas genéticas con buen trabajo agronómico”, explicó. Para Garat, esto no es solo un avance productivo, sino cultural: “La tecnificación del campesino paraguayo puede abrir una esperanza, ese rubro estrella que el Paraguay viene buscando hace décadas”.

El otro salto está en el lenguaje. “Que estemos acá, en el Congreso Paraguayo, que esto se pueda hablar… eso es un salto. El principal quizás sea el del tabú”, valoró. La audiencia pública del 420 reunió a legisladores, cultivadores y pacientes. Lo impensable hace una década se convirtió en debate político.

Un modelo propio: ni Uruguay, ni Canada

En Uruguay, donde se diseñó una ley para crear un mercado, el proceso fue vertical. En Paraguay, en cambio, el mercado ya existe. “Acá la cuestión viene por otro lado. Va por las bases sociales de esa cadena de valor, y son esas bases las que están tratando de impulsar una ley que les dé garantías”, explicó.

Y es justamente ahí donde la regulación sigue en deuda. Aunque desde 2017 está vigente la Ley 6007, que crea el Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis (PROINCUMEC), el Estado ha restringido su implementación a un modelo farmacéutico de acceso extremadamente limitado. Apenas 260 pacientes fueron registrados en siete años, según datos oficiales.

Bajo esa misma ley, el Estado otorgó licencias exclusivas a empresas farmacéuticas para desarrollar productos de grado fármaco. Sin embargo, varias de estas firmas nunca desarrollaron efectivamente medicamentos a base de cannabis.

Frente a ese fracaso institucional, crece la presión para que se emita un decreto que habilite una regulación diferenciada para productos no farmacéuticos, tal como lo contempla la Ley 6007 en su artículo 2, que menciona expresamente los deberes del Estado para promover el acceso efectivo a derivados vegetales.

Garat, sin entrar en tecnicismos, reconoció ese vacío: “No sé si el proceso tiene que ir más rápido o más lento, yo no soy político. Me gusta lo que están haciendo, eso es todo lo que puedo decir”. Lo que sí remarcó es el carácter horizontal de este proceso: “Se está gestando un comercio justo, donde nadie es más que nadie”.

Una oportunidad que no se puede desperdiciar

La escena cannábica paraguaya no está exenta de tensiones. Las incautaciones continúan, los permisos están concentrados en pocas empresas, y los pacientes medicinales siguen sin acceso legal. Sin embargo, algo nuevo está emergiendo: un tejido social que no espera el permiso del Estado, sino que exige ser reconocido.

“Algunas comunidades campesinas están poniendo un dique a esa violencia, a esa miseria, a esa represión estatal”, señaló Garat. Ese dique —todavía frágil— podría convertirse en política pública si el Estado reconoce lo que ya existe: un sistema de producción y consumo que funciona fuera de la ley, pero no fuera de la legitimidad social.

Desde los cultivos del cannabis a la audiencia del Congreso, pasando por cultivos agroecológicos y redes de pacientes, la historia que se teje en Paraguay no es una copia. Es un modelo en construcción, con raíces campesinas, con memoria de helicópteros, y con una urgencia concreta: dejar de criminalizar a quienes han sostenido el cannabis mientras el Estado miraba para otro lado.