El 23 de mayo de 2025, el Ministerio de Salud de Argentina publicó la Resolución 1780/2025, que rediseña por completo el funcionamiento del REPROCANN, el sistema nacional que permite inscribirse para cultivar y usar cannabis con fines medicinales. Este nuevo marco llega casi en paralelo con otra medida de gran impacto: la disolución de la Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), oficializada el 8 de julio por decreto presidencial. Ambas decisiones están reconfigurando el mapa institucional del cannabis argentino, con un claro endurecimiento normativo y una creciente preocupación en el sector.

Nuevas reglas para cultivar: más trámites, menos claridad

La Resolución 1780 impone un esquema más estricto para las personas que deseen mantenerse dentro del régimen legal. Se establecen cuatro figuras habilitadas para acceder al REPROCANN: personas humanas, terceros cultivadores, organizaciones civiles sin fines de lucro y entidades científicas. Cada categoría tiene requisitos específicos, pero todas comparten una nueva carga burocrática que complica la permanencia en el sistema.

Según un análisis publicado por Revista THC, esta nueva reglamentación “establece requisitos que complejizan el acceso para todas las figuras, pero particularmente para las organizaciones civiles”. Entre las nuevas condiciones obligatorias se incluyen la presentación de análisis cromatográficos por lote, la especificación de las genéticas cultivadas, el método de cultivo (indoor, outdoor o mixto), la georreferenciación exacta del lugar de cultivo, la renovación semestral de la declaración jurada y la obligación de tener los antecedentes penales actualizados.

En el caso de las organizaciones civiles —figura clave en el acceso colectivo al cannabis— se suman exigencias adicionales: deben contar con profesionales responsables, como farmacéuticos o bioquímicos, con matrícula vigente. También deben detallar la infraestructura técnica de sus instalaciones y cumplir con normas de conservación, almacenamiento y documentación que muchas asociaciones consideran inalcanzables sin financiamiento externo.

A estas exigencias se suma un problema técnico inmediato: en el momento en que se anunció la resolución, el sitio web del REPROCANN dejó de funcionar y no se reactivó durante semanas. Esto dejó a más de 100.000 trámites pendientes en estado de incertidumbre, incluyendo renovaciones, nuevas solicitudes y modificaciones. Según detalla Revista THC, esta interrupción sin previo aviso “genera desconfianza en el sistema, especialmente entre quienes ya estaban registrados y cultivaban dentro del marco legal”.

El Ministerio de Salud justificó los cambios argumentando que buscan mejorar la trazabilidad, garantizar la calidad de los productos y evitar abusos del sistema. La cartera sanitaria señaló que algunas inscripciones de terceros cultivadores eran utilizadas para "acopiar grandes cantidades sin fines estrictamente medicinales", aunque no se presentaron informes que detallen el alcance de este problema. Desde el sector civil, sin embargo, interpretan esta narrativa como una forma de criminalizar el modelo de cultivo solidario que permitió a miles de personas acceder a tratamientos desde 2020.

La caída de ARICCAME: un retroceso con firma presidencial

La Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) fue creada por la Ley 27.669 con el objetivo de coordinar, fiscalizar y fomentar el desarrollo productivo del cannabis en todas sus formas. Su diseño institucional incluía participación de ministerios, universidades, organismos descentralizados y representantes de la sociedad civil. Aunque su implementación fue lenta y con obstáculos, había empezado a otorgar licencias experimentales a cooperativas y a debatir criterios productivos con sectores públicos y privados.

El Decreto 462/2025, firmado por el presidente Javier Milei, disolvió la agencia argumentando que representaba una estructura costosa y duplicada. Sus funciones fueron distribuidas entre la ANMAT (para productos médicos), el Ministerio de Economía (para actividades industriales) y el Ministerio de Agricultura (para semillas y fiscalización agronómica).

Para Revista THC, el cierre de ARICCAME representa un “retroceso anunciado” que desarma una institucionalidad construida a lo largo de años de trabajo, normativas y consensos públicos. Según su cobertura, la eliminación de la agencia impide consolidar una política pública integral y federal sobre cannabis, y deja en el limbo a cooperativas y proyectos en desarrollo que contaban con respaldo legal.

A diferencia del discurso oficial, que plantea eficiencia y reorganización, el sector ve una desarticulación sin reemplazo funcional, ya que los organismos que asumen las competencias no tienen experiencia técnica ni canales institucionales abiertos para gestionar el volumen y la especificidad de la demanda.

¿Hacia dónde va el cannabis con Milei?

Las modificaciones en el REPROCANN y la disolución de ARICCAME marcan un cambio profundo en la política pública sobre cannabis en Argentina. El modelo de acceso progresivo que había sido construido en los últimos años, con redes de cultivo solidario, participación comunitaria e instituciones especializadas, dio paso a un esquema centrado en exigencias técnicas, trazabilidad estricta y concentración institucional. En lugar de ampliar derechos y consolidar estructuras de garantía estatal, el nuevo enfoque reconfigura el cannabis como un privilegio regulado por mecanismos burocráticos que muchas personas y organizaciones no pueden cumplir.

En este contexto, los amparos judiciales se consolidan como el último recurso de protección de la salud para miles de usuarios que ya estaban en tratamiento con respaldo médico. Durante 2024 y 2025 se multiplicaron las presentaciones ante la Justicia, con fallos favorables que reconocen la inacción del Estado y ordenan la inscripción urgente al REPROCANN. Esta vía individual, sin embargo, evidencia el retroceso institucional: lo que antes era un derecho administrado por el Estado, hoy queda relegado a quienes puedan litigar para no ser criminalizados.

Sin señales claras de reactivación del sistema ni de acompañamiento a los usuarios más vulnerables, el rumbo que adopta el gobierno de Javier Milei no solo restringe el acceso al cannabis medicinal, sino que deja en suspenso el marco legal construido en los últimos ocho años. Quedan los amparos como única herramienta de resguardo, pero el retroceso es evidente: el Estado ya no cumple un rol activo en garantizar el derecho a la salud con cannabis, sino que traslada la carga a los pacientes y judicializa lo que debería ser una política pública universal y sostenida.

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