2025-06-30 09:13:04
¿Operativos fantasmas? SENAD reporta toneladas de marihuana destruidas sin mostrar coordenadas, propietarios, detenidos ni fiscales
En solo cuatro días, la SENAD difundió dos megaoperativos con cifras millonarias. Pero un seguimiento de Mariguay mediante pedidos de información revela la falta total de documentos que los respalden: no informaron si hubo aprendidos, a quién pertenecían las tierras ni qué fiscal intervino. La opacidad refuerza la sospecha de que se trata de simples shows mediáticos.
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En menos de una semana, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) anunció dos operativos en Canindeyú y Caaguazú que, según sus redes sociales, eliminaron 71 hectáreas de marihuana, incautaron más de 14 toneladas y causaron un perjuicio de 21,3 millones de dólares al narcotráfico. Las publicaciones fueron celebradas como logros históricos. Sin embargo, una solicitud de acceso a la información pública presentada por Mariguay expuso la falta de respaldo real: la SENAD se negó a entregar coordenadas, actas, nombres de fiscales o cualquier documento que verifique la existencia de lo incautado. No hay pruebas de los terrenos intervenidos, ni una sola persona detenida.
Los posteos están, pero los documentos no. A diario, la SENAD publica en sus redes sociales imágenes de supuestas incautaciones y erradicaciones, con cifras millonarias y comunicados triunfalistas. Pero ante un pedido formal de información, la institución se negó a entregar elementos básicos que cualquier operativo legal requiere: no hay coordenadas geográficas, no hay nombre del fiscal interviniente, no se indica de quién eran las tierras ni quién firmó el allanamiento. Tampoco hay documentos sobre el destino o destrucción de lo incautado. Esta falta de trazabilidad refuerza la hipótesis de operativos fantasmas, construidos como espectáculo mediático sin control ciudadano y aparentemente tambien sin control judicial.
Operativos sin respaldo ni responsables
Los operativos “Sidepar” (24 de mayo) y “Nueva Alianza Nº 50” (28 de mayo) fueron difundidos con tono triunfalista en las redes oficiales. En solo una jornada, se prometió la erradicación de más de 100.000 kilos de marihuana. En total, se informó la destrucción de 71 hectáreas y más de 120 toneladas de droga, según estimaciones. Pero al consultar documentos formales que avalen esa información, la institución afirmó que no puede revelar coordenadas ni actas por motivos de "seguridad institucional", amparándose en la Ley 6677/20 que protege la identidad de agentes especiales.
¿A quién pertenecían las tierras intervenidas? ¿Dónde está el acta de destrucción de la marihuana incautada? La respuesta de SENAD fue sistemáticamente evasiva.
Respuesta de la Senad al pedido de Mariguay
La ley invocada no ampara la reserva de toda la información. El artículo 6 de la Ley 6677/20 protege la identidad del Agente Especial, pero en ningún caso autoriza a negar la entrega de información pública sobre fiscales, órdenes judiciales o propietarios de tierras. Mucho menos permite ocultar el destino de la sustancia incautada. La SENAD alegó que la droga fue destruida, pero no adjuntó ninguna acta, foto, firma judicial ni informe técnico sobre cómo se realizó dicha destrucción. Es decir, mencionan que se procedió “a su destrucción total” pero sin mostrar cuándo, cómo, quién participó, ni qué juez autorizó el procedimiento.
Tampoco se informó el nombre del fiscal interviniente ni se identificó si las tierras eran privadas, fiscales o sin dueño. En su respuesta, la SENAD derivó esas preguntas al Ministerio Público, sin confirmar si hay causas abiertas. La ausencia de personas aprendidas en ambos operativos también es significativa. Ninguna detención, ninguna imputación. Si realmente se incautaron 120 toneladas de marihuana, ¿quién estaba produciendo? ¿Dónde están los responsables?
Cálculos sin evidencia, solo estimaciones
La SENAD también aclaró que no pesó ni verificó la droga incautada. Las cifras difundidas se basan en un cálculo genérico: cada hectárea produce 3.000 kilos. Esa estimación se multiplica por superficie erradicada y se proyecta un valor de mercado: USD 30 por kilo en Paraguay, USD 150 en Brasil.
De esta forma:
- Sidepar (40 hectáreas) x 3.000 kg = 120.000 kg x USD 150 = 18.000.000 de dólares
- Nueva Alianza 50 (31 hectáreas) x 3.000 kg = 93.000 kg x USD 35 promedio = 3.255.000 dólares
No existen registros periciales, ni fotos técnicas, ni actas de destrucción firmadas por fiscales. La SENAD respondió que las pruebas fotográficas están en sus propias redes sociales. En términos legales y técnicos, eso no representa evidencia verificable. Ni siquiera hay certeza de si los terrenos intervenidos pertenecen a algún propietario identificado.
Un patrón de propaganda sin control judicial
A diario, la SENAD publica operativos en sus redes sociales mostrando imágenes de plantaciones destruidas. Sin embargo, no presenta detenidos, ni identifica a los propietarios de las tierras, ni publica actas ni documentación judicial. Este patrón se repite una y otra vez: grandes cifras sin un solo documento que las respalde. La institución actúa como si una publicación en Instagram bastara como prueba oficial.
Este patrón se repite. Entre agosto de 2023 y noviembre de 2024, el Gobierno reportó la erradicación de 3.248 hectáreas y la destrucción de 10,7 millones de kilos de marihuana, con un supuesto perjuicio de 321 millones de dólares. Sin embargo, no hay datos públicos sobre cuántas personas fueron imputadas, qué fiscales actuaron ni en qué zonas precisas ocurrieron los operativos.
Fuente: Senad
Legalidad ausente, opacidad presente
En el contexto legal actual, la Ley 1340/88 permite hasta 10 g de tenencia con receta o uso personal (Art. 30), y la Ley 6007/17 obliga al Estado a garantizar el acceso a cannabis medicinal. Sin embargo, la política sigue centrada en la erradicación sin trazabilidad. Mientras tanto, pacientes con receta siguen sin acceso legal, pequeños productores son criminalizados y los operativos se exhiben como éxito sin mostrar pruebas.
700 kilos desaparecidos, cero responsables
En marzo de 2024, la propia SENAD fue señalada por la desaparición de 700 kilos de marihuana incautada. El hecho nunca fue aclarado y sigue impune. La nota fue publicada por este mismo portal y puede consultarse en 770 kilos de marihuana desaparecen en la SENAD: la paradoja de combatir lo que podría ser un negocio legal. Este precedente refuerza la sospecha de que las cifras sin documentos y los operativos sin fiscales son parte de una estrategia mediática, no de una política de seguridad real.
La opacidad como estrategia
Aunque la Ley 5282/14 obliga a todas las instituciones a entregar información pública, incluyendo los nombres de fiscales intervinientes, los propietarios de tierras, el juez que firmó la orden de allanamiento y el destino de los bienes incautados, la SENAD se niega sistemáticamente a cumplirla. Amparándose en el resguardo de identidad de sus agentes, oculta también todo lo demás. La falta de trazabilidad, combinada con antecedentes de desapariciones y ausencia total de detenidos, solo genera más dudas.
La SENAD debería publicar información completa y verificable sobre cada operativo: documentos, actas, datos judiciales y de propiedad. No se puede auditar una política pública basada solo en fotos en redes sociales. Los operativos de la SENAD se resumen en una frase: propaganda sin pruebas. Los posteos están. Las actas, no.
Publicaciones en instagram de la Senad:
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