El cáñamo industrial, conocido técnicamente como cannabis no psicoactivo por su contenido de THC inferior al 0,5%, puede cultivarse legalmente en Paraguay. Sin embargo, no se trata de un cultivo libre. La normativa vigente exige que cualquier actividad vinculada a su producción o industrialización cuente con una autorización previa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en coordinación con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), según lo establece el Decreto N.º 2725/2019.

Esto lo diferencia del cannabis con más de 0,5% de THC, que entra en el régimen más restrictivo de la Ley 6007/17, limitado a fines medicinales bajo prescripción y control farmacéutico. En el caso del cáñamo, el marco legal busca abrir una puerta al desarrollo agrícola e industrial, pero bajo condiciones de trazabilidad, control técnico y vigilancia estatal.

Actualmente, Paraguay cuenta con seis empresas habilitadas: Healthy Grains S.A., Irupé Paraguay S.A. e International Market S.A. tienen permiso tanto para producción como para industrialización. Evona S.A. sólo fue habilitada para producción, mientras que The Latam Paraguay Factory S.A. y Organic Farms cuentan con autorización exclusiva para tareas de industrialización o acopio. Pese a ello, según los documentos disponibles, muchas de estas firmas no han logrado avanzar en cultivos efectivos o en procesos industriales sostenidos. En la mayoría de los casos, las resoluciones datan de 2020 y 2021, y no hay reportes públicos que evidencien un impacto económico real hasta el momento.

Qué pasos debés seguir para obtener el permiso

El camino legal comienza con una solicitud ante el MAG. Se debe completar el Formulario N.º 1 con datos del solicitante, del representante legal, del responsable técnico y del cáñamo a evaluar: nombre científico y común, origen, uso previsto. A esto se suma la presentación de documentación legal autenticada como estatutos sociales, acta de asamblea, cédulas de identidad, y certificados de antecedentes judiciales y policiales.

La superficie autorizada para el cultivo es determinada por el MAG en conjunto con la SENAD, y dependerá de la capacidad de fiscalización disponible. La autorización tiene una duración de cinco años y puede renovarse si se cumple con la normativa vigente.

Si el objetivo del proyecto es industrializar o exportar cáñamo, el trámite debe proseguir ante el MIC. Allí se deben presentar documentos como licencia ambiental, registro industrial, título de propiedad o contrato del inmueble donde se operará, y un plan técnico de fabricación que incluya cronogramas, proyecciones financieras, descripción de maquinaria, protocolos de calidad, estimaciones de exportación y documentación sanitaria exigida por SENAVE y los países de destino.

El proceso es exigente y está diseñado para empresas formalizadas, con respaldo legal, técnico y financiero. Hasta el momento, no se han establecido mecanismos para pequeños productores, cooperativas o asociaciones, lo que limita el acceso y reduce el potencial de diversificación productiva.

Cultivar sin autorización puede traer problemas legales

El cáñamo no es considerado una droga, pero su cultivo sin autorización sí representa una infracción. Según el artículo 10 del Decreto N.º 2725/2019, si una empresa incumple las condiciones del permiso o directamente cultiva sin autorización, las autoridades pueden suspender o revocar la habilitación. Pero el artículo 11 va más allá: cuando la infracción trasciende lo administrativo y se considera un hecho punible, el caso puede ser remitido al Ministerio Público.

Esto significa que cultivar cáñamo sin los pasos legales puede derivar en problemas judiciales, aunque dependerá de cómo se evalúe el caso en concreto. Por eso es clave seguir el procedimiento establecido: porque aunque se trate de una planta no psicoactiva, el Estado todavía aplica esquemas de control muy estrictos, incluso comparables a los del cannabis medicinal o psicoactivo.

En la práctica, cuando las instituciones detectan un cultivo no autorizado, deben elaborar un informe con las coordenadas y remitirlo a la SENAD, que tiene la facultad de intervenir según su competencia. Cumplir con la normativa es, en ese contexto, una garantía para evitar malentendidos, sanciones innecesarias o la criminalización de una actividad que debería estar promovida.

Un modelo que necesita ajustes para no fracasar

Aunque el marco legal existe, el modelo aún no genera impacto productivo. Las empresas autorizadas, pese a contar con permisos desde hace varios años, han reportado escasos avances. El sistema no contempla alternativas inclusivas ni escalonadas que permitan a otros actores —como asociaciones, cooperativas campesinas o emprendimientos familiares— participar del circuito legal.

La experiencia paraguaya revela un patrón: legislación sin implementación efectiva. Las barreras técnicas y burocráticas han generado un escenario donde el cáñamo es legal pero inaccesible, y donde los beneficios sociales y económicos son prácticamente nulos.

Si Paraguay quiere aprovechar el potencial de esta planta, necesita revisar el enfoque actual. Simplificar trámites, abrir líneas de apoyo técnico y financiero para pequeños productores, y desarrollar mecanismos de control flexibles pero eficientes puede ser el camino para que el cáñamo deje de ser una promesa y se convierta en una oportunidad real.

Decreto N.º 2725/2019 para la producción del cañamo