La incautación de 88.991 kilos en Canindeyú fue presentada como un logro oficial. El Gobierno valoró el cargamento en 13,3 millones de dólares, según informó el ministro de la Senad, Jalil Rachid, en conferencia de prensa. A partir de ese monto global, la estimación técnica equivale a unos 149 dólares por kilo, cálculo obtenido dividiendo el valor oficial entre la cantidad incautada. Ese valor muestra la magnitud económica de una producción que, bajo la Ley 6007, podría integrarse a un modelo medicinal, fiscal y rural que hoy no existe por falta de decisión política.
El monto tributario estimado de más de 2 millones de dólares surge de aplicar una tasa aproximada del quince por ciento como impuesto selectivo, similar al que grava tabaco o alcohol. Integrar este volumen al circuito legal requeriría la conducción del Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Salud, no de la Senad ni de la Policía. La Ley 6007 reconoce el cannabis medicinal, pero sigue sin aplicarse y obtener permisos es extremadamente difícil. Incluso empresas habilitadas enfrentan trabas, como Pharma Industries, que pese a contar con permisos no logra exportar debido a obstáculos de Dinavisa y la Senad. La firma recurrió a un amparo, rechazado con el argumento de que debía agotar antes las instancias administrativas.
El Ministro de la SENAD, Jalil Rachid.
Pérdidas acumuladas
El año pasado se incautaron 57.000 kilos adicionales. Valorados con 149 USD/kg, equivalen a 8,4 millones de dólares eliminados. Solo entre ambos operativos, el país destruyó más de 21,7 millones de dólares en producto.
Si esa producción hubiera tributado bajo un esquema selectivo controlado, la recaudación potencial habría superado tres millones de dólares. Los cálculos se basan en criterios del propio Gobierno y revelan una contradicción persistente entre celebrar operativos y destruir una economía existente.
Caravana de dos tractocamiones, un camión de doble eje, 14 camionetas y dos autos fue seguida 120 km desde Brítez Cue hasta Saltos del Guairá.
Economía rural
La marihuana sostiene economías campesinas desde hace más de cincuenta años. La Ley 6007 habilita el cultivo medicinal, pero no existen cooperativas registradas, cultivos autorizados ni trazabilidad. Sin alternativas formales, cada incautación se reemplaza con nueva producción porque la demanda sigue existiendo y la agricultura familiar depende de esta actividad.
Operación "UMBRAL"
— SENAD - Paraguay (@senad_paraguay) December 3, 2025
Prosigue la descarga, análisis y pesaje de la mega carga de droga incautada en Canindeyú.
Serían más de 70 toneladas de marihuana según las estimaciones.
19 vehículos, 5 detenidos, 1 criminal abatido.
Firmes contra el crimen! ???? pic.twitter.com/mb5EXuV4Oe
Brasil avanza
La Corte Suprema brasileña estableció el límite de 40 gramos para distinguir consumo personal de criminalidad. Ese fallo abrió la puerta a una regulación que ya está en proceso y que ampliará la demanda formal en el país vecino. A medida que la aplicación avance, el Estado brasileño necesitará abastecimiento seguro, con trazabilidad y control sanitario.
Paraguay podría aprovechar esta oportunidad con un producto más barato, clima favorable y experiencia agrícola acumulada. En Brasil, organismos públicos ya distribuyen aceite de cannabis a pacientes, por lo que no se trata solo de economía sino también de salud pública. Resulta inconsistente perseguir un producto con aplicaciones médicas comprobadas mientras sustancias con mayor daño social, como el alcohol, circulan sin restricciones equivalentes. Con regulación, los mismos camiones incautados hoy podrían circular con factura legal, trazabilidad y control sanitario, generando ingresos para productores rurales y permitiendo que miles de pacientes accedan a medicina segura.
Agentes descargan miles de panes de marihuana tras interceptar la caravana en Saltos del Guairá, parte del operativo récord en Canindeyú.
Las cifras oficiales
Según datos oficiales, entre agosto de 2023 y noviembre de 2024 se destruyeron 10.725.662 kilos y 3.248 hectáreas de cultivos, con un valor estimado de 321.769.860 dólares. La política actual se centra en eliminar plantaciones sin generar alternativas productivas ni sanitarias. Cada ciclo de destrucción fuerza una reposición constante en zonas rurales y mantiene un modelo que ignora un mercado consolidado desde hace décadas. En otro operativo, el Gobierno celebró la eliminación de cannabis valuado en 18 millones de dólares, sin acompañar la medida con soluciones para los sectores que dependen de esta producción.
El convoy interceptado estaba compuesto por 2 tractocamiones, 1 camión de doble eje cargado, 14 camionetas y 2 automóviles, según confirmaron autoridades del operativo Umbral. Cinco personas fueron detenidas y una resultó abatida durante el procedimiento.
Mapa oficial de la Senad que muestra 10,7 millones de kilos destruidos y 3.248 hectáreas erradicadas entre 2023 y 2024, con un perjuicio económico calculado en 321 millones de dólares.
Oportunidad perdida
Sin incluir todas las incautaciones de la década, los datos disponibles muestran que el país destruyó más de 21 millones de dólares recientes y 321 millones en el periodo informado. La recaudación selectiva habría superado tres millones de dólares, fondos que podrían financiar laboratorios públicos, investigación, programas de acceso medicinal y desarrollo rural. Paraguay posee clima, suelo y experiencia agrícola, y ya cuenta con una ley de cannabis medicinal. Sin embargo, persiste un modelo que celebra operativos mientras desperdicia oportunidades sanitarias y productivas que podrían integrarse a la economía formal.
